Esquel, lunes 18 diciembre de 2017

Pobladores del Parque Los Alerces se resisten a ser desalojados

Años atrás se había firmado un convenio para la explotación de un camping en la zona pero vencieron los plazos y una orden judicial determinó que debían entregar el terreno. Apelaron la decisión de la Justicia y pidieron el alejamiento del magistrado. Se espera por la Cámara de Apelaciones.

Pobladores del Parque Los Alerces se resisten a ser desalojados


Se originó una disputa legal en el Parque Nacional Los Alerces, ante el dictado del juez federal Guido Otranto de Esquel, de desalojo del camping “Yapay-Peñi”, denominado también como Bahía Solís.
Descendientes de la familia Coronado, que explotaba el mencionado camping, ayer dieron una conferencia de prensa para fijar postura en el tema. Lo hicieron Liliana Alarcón y su hijo Facundo Cárdenas, acompañados de otros familiares y pobladores.
Liliana Alarcón expuso que son descendientes de los primeros pobladores del Parque,  pre existentes al mismo y al Estado Argentino. Incluso remarcó “soy descendiente de los Rosales, que llegaron a fines de 1.800 a la zona”.
También indicó que es nieta de Rosa Coronado y Humberto Alarcón, y que históricamente viven en el Parque desde 1917. Explicó que en el año 2005, se firmó un convenio tripartito entre la Provincia de Chubut, la Administración de Parques Nacionales y la Municipalidad de Esquel.
Pidió al gobernador Mario Das Neves que los ayude, y ratifique el convenio tripartito firmado en 2005, y también se lo han pedido al actual intendente de Esquel, Sergio Ongarato, más allá que lo suscribió Rafael Williams, exjefe comunal.
La pobladora vertió duras críticas al intendente del Parque Los Alerces en la actualidad, Daniel Crosta.
Señaló que a Crosta en 2014 o 2015, “se le ocurrió que su camping tenía que salir a licitación, y a ellos les achacó que estaban `flojitos de papeles´, porque sostenía que faltaban los planos de la cabaña”.
Puntualizaron que el juez federal Guido Otranto con la postura que tiene, está defendiendo al intendente del Parque, Daniel Crosta, agregando que la ley de Parques Nacionales data de 1981, cuando gobernaba el país la dictadura militar. Denunciaron que el camping fue clausurado, sin respetar los tiempos administrativos.
El desalojo estaba previsto para el 19 de abril. Pero ante la recusación del juez Otranto, hay que esperar el dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
La versión de Guido Otranto

Ante la noticia que trascendió, respecto al inminente desalojo de la familia Alarcón-Coronado del camping, el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, dio a conocer un comunicado oficial acerca del desarrollo del conflicto judicial entablado entre la señora Liliana Margot Alarcón y la Administración de Parques Nacionales, en torno a la explotación del camping “Yapay-Peñi”, denominado también como Bahía Solís.
El día 9 de mayo del 2016 Liliana Alarcón presentó una acción de amparo contra la Administración de Parques Nacionales, solicitando que se deje sin efecto la orden de devolución del camping, efectuada administrativamente por los funcionarios del Parque Nacional Los Alerces.
Alarcón hizo mención en su demanda a su condición de integrante de una familia de antiguos pobladores. En dicho expediente, el Juzgado dictó una medida cautelar a través de la cual le ordenó a la Administración de Parques Nacionales que se abstuviera de reclamar la devolución del predio durante la tramitación de la causa. Dicha medida fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Posteriormente, en virtud de las pruebas reunidas durante el juicio, se estableció que la ocupación del predio en el que funciona el camping le había sido concedida a la demandante, para la explotación de servicios turísticos y que por haber finalizado el plazo de duración establecido por la administración, el inmueble debía ser devuelto al Estado.
En consecuencia, se rechazó la acción de amparo interpuesta por la señora Alarcón.
El Juzgado Federal, previa intervención de la Fiscalía Federal, entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para ordenar el desalojo, y dispuso que se cumpla el próximo 19 de abril.
Con carácter previo, se ordenó que se constate el estado de ocupación del bien inmueble. Ante dicha decisión, la señora Alarcón con la asistencia del señor Defensor Público Oficial que actúa ante este Juzgado, efectuó una serie de planteos que fueron debidamente analizados y rechazados. Posteriormente, en una nueva presentación, Alarcón planteó la recusación del juez Otranto, y apeló el desalojo.
Otranto señaló que se formó el correspondiente incidente de recusación a los fines de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia examine su actuación. Elevó el informe que establece la ley procesal, en el que expuso su rechazo a los mismos.
Se dio intervención al juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Rawson, Hugo Sastre, que en su condición de subrogante concedió el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo respecto al desalojo, hasta tanto se expida la Cámara Federal.


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