Al comisario detenido por estafador lo habían echado por vender una casa oficial
Es Julio Villarroel. Lo cesantearon y luego volvió a la fuerza. Reclamó salarios caídos y lo terminaron exonerando.
El comisario Julio Villarroel, detenido con otras seis personas por conformar una banda de estafadores, tiene una insólita historia detrás: en 1999 había sido echado de la fuerza por haber vendido la casa oficial que le dio la Policía de Chubut. Fue exonerado pero después reingresado. Fue nombrado comisario en 1999. La repartición le dio una casa oficial para que ocupe mientras desarrollaba su trabajo. Pero Villarroel la hizo suya y se la vendió a una mujer. Por eso, la fuerza lo exoneró. Pero el comisario apeló y en 2003, un decreto del gobernador José Luis Lizurume hizo lugar al reclamo y lo reincorporó. Rápido de reflejos, Villarroel no se quedó conforme con su reingreso a la fuerza: reclamó salarios caídos por 145.740 pesos por los años que estuvo separado de la Policía. Una resolución de la Fiscalía de Estado anuló el reingreso y el comisario se quedó definitivamente sin trabajo. Pero su nombre reapareció el fin de semana cuando la Policía lo detuvo junto a otras 6 personas, por liderar una banda que estafaba con la compra y venta de autos. La banda tenía ramificaciones en Trelew, Comodoro Rivadavia, y Río Negro. También operaba en el mercado de los denominados autos mellizos y participaba de robos a mano armada. La investigación duró más de un año. Las detenciones se produjeron después de 12 allanamientos donde se incautaron 50.000 pesos, una camioneta Toyota y un Fiat Siena robado. También computadoras, notebook, soportes informáticos, escritorios, formularios de automotores en blanco y llenos, boletos de compra venta, cédulas, títulos de propiedad, contrato de alquiler, anotaciones, facturas y sellos. En la audiencia de detención donde se dictó a los implicados tres meses de prisión preventiva, Villarroel volvió a ser noticia: pidió la prisión domiciliaria debido a su edad, problemas de salud y a su condición de expolicía. Obvió contar la historia de fines de los ´90, tal vez una historia única ya que no se conoce a funcionario alguno que haya vendido una casa oficial. En ese entonces, el jefe de Policía era Manuel García Vázquez quien le hizo firmar el recibo donde quedaba en claro que la vivienda pertenecía al Instituto Provincial de la Vivienda. Pero Villarroel entendió todo mal o se mandó una avivada. Le vendió la casa a una mujer al poco tiempo que se la otorgaron. Descubierta la maniobra y mediante decreto 682/99 fue sancionado con destitución en grado de cesantía por falta al régimen disciplinario policial. Así fue en razón de constatarse la suscripción por parte de Villarroel de un boleto de venta de la vivienda. No quedó conforme con la sanción y por eso interpuso un recurso de reconsideración, rechazado por decreto 92/00 finalizando así la vía administrativa y adquiriendo firmeza la sanción. El expediente incorpora un dictamen legal del Ministerio de Gobierno concluyendo en que la venta a favor de una mujer resulta un acto reprochable en la esfera administrativa y que afecta el prestigio de la Policía. Siempre hay un pero: un nuevo funcionario del Ministerio remite al entonces gobernador Lizurume las actuaciones administrativas diciendo que “a los fines de una opinión legal objetiva del caso debería designarse un letrado ad hoc de alguna repartición del Estado que no dependa del área central”. Se designa al entonces abogado de Lotería, Guillermo Conrad. Su dictamen hace lugar al pedido de recurso de revisión presentado por Villarroel pero omite resolver el pase a retiro o la reincorporación efectiva del agente, su situación de revista, antigüedad o el pago de los salarios caídos. Es allí cuando el comisario reclama 145.740,02 pesos en concepto de los sueldos que debió cobrar durante los 4 años que no estuvo en la fuerza. Un decreto que llevaba el número 162 firmado por Lizurume hace lugar al recurso de revisión de Villarroel en contra del decreto del 99 que impulsaba su cesantía. Así vuelve a la fuerza. Pero después del cambio de gobierno de 2003, la Fiscalía encuentra este expediente y el procurador general Jorge Miquelarena deja sin efecto el decreto de Lizurume. Villarroel queda definitivamente sin trabajo. Claro que hace un tiempo encontró otro, aunque no en la misma vereda.