Dufour presentó ante Fiscalía pruebas sobre venta irregular de tierras en la gestión anterior
El fiscal de Estado, Miguel Montoya, recibió un expediente que evidencia operaciones en detrimento del patrimonio provincial. En este caso fue entre el grupo empresario propietario del barrio San Esteban, en Cholila, y funcionarios del Gobierno de Das Neves
La ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, a cargo de la Comisión Investigadora del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), Gabriela Dufour, presentó ayer ante la Fiscalía de Estado un expediente que prueba “la venta a precio vil” de una importante cantidad de hectáreas en la zona de Cholila, en el sector hoy conocido como barrio San Esteban, durante la gestión del exgobernador Mario Das Neves.
“En este expediente se puede ver cómo se va instrumentando una estafa al Estado”, puntualizó la ministra tras ser recibida por el fiscal de Estado, Miguel Ángel Montoya, en Rawson. Señaló que dicho documento empieza a gestarse en 2003 y termina instrumentándose en 2009; y allí “se ve que le terminan casi regalando tierras, de mucho valor, a un grupo empresario que pretendía destinarlas a un proyecto inmobiliario”.
Se trata del “caso San Esteban, recordado por la agresividad de sus habitantes durante el incendio de hace unos meses y, en particular, los dos dueños que son los señores O’Reilly y Fernández, públicamente vinculados al precandidato (a la Presidencia) Sergio Massa y a Mario Das Neves”.
Dufour indicó que “habiendo verificado una serie de cuestiones, hoy le entregamos el expediente al fiscal de Estado para que él siga por la vía jurídica en lo que hace a los reclamos. Es importante su actuación porque, sin duda, hay una serie de funcionarios que terminan firmando los títulos que son los que instrumentan esta forma de estafa”.
Señaló que lo presentado el mediodía de ayer “es el primer caso y esta va a ser la modalidad. Por un lado trabaja la Comisión Investigadora, pero por otra parte, cualquier expediente que llegue a nuestras manos se analiza mediante los propios mecanismos del IAC y cuando vemos que queda muy en evidencia se lo vamos a entregar directamente al fiscal de Estado para que siga el proceso como corresponde”.
El caso San Esteban
Sobre el contenido del expediente, Dufour indicó que “había un conjunto de pobladores, la familia Bonansea, que eran efectivamente los titulares anteriores de la tierra. Hacen un negocio transfiriéndole a O’Reilly y Fernández el bien, quienes le compran en 2,9 millones una cantidad importante de hectáreas”.
Explicó que “O’Reilly y Fernández presentan y le notifican al IAC que van a hacer un emprendimiento, un loteo” y aclaró que “si bien en el expediente queda claro que hay oposición de Bosques y de los técnicos del área de Turismo, igual el trámite sigue su camino y le terminan vendiendo lo que se le compró a los Bonansea en un determinado valor”.
“Se termina otorgando el título con la totalidad de las hectáreas y luego terminan haciendo un gran negocio. Hoy esas mismas hectáreas, que se vendieron a 167 pesos en ese momento, se las venden a 53 mil dólares”, precisó.
De acuerdo a lo relevado por la Comisión, “hay una serie de intervenciones de funcionarios que advierten sobre esta situación, haciendo informes que piden tomar ciertos recaudos. Porque nunca esta gente ocultó que era un negocio inmobiliario y se lo terminan vendiendo como si fueran ovejitas las que van a poner en ese lugar”.
La ministra consideró que “sin decisión política esto no se podría haber hecho porque los funcionarios de varias áreas de ese momento, con absoluta responsabilidad, hacen dictámenes advirtiendo que debían tomarse recaudos, que no era adecuado el precio vil al que le terminan vendiendo”.
Patrimonio del Estado
Por su parte, el fiscal de Estado, Miguel Montoya, señaló que “la venta a precio vil en lo que se llama una acción de lesividad contra el Estado, es el primer camino a recorrer” en el análisis jurídico del expediente que entregó la ministra Dufour a esa dependencia.
Añadió que “hay dos aspectos en la venta a precio vil: una es la diferencia sustancial entre lo que se le pagó a Bonansea, que era 2.950 pesos la hectárea, a 167 pesos que vendió el Estado. Pero por otro, habiendo una manifestación de un emprendimiento inmobiliario tampoco hubiera sido ese el precio. Por lo tanto, en la recuperación para el patrimonio del Estado del precio real es lo primero que vamos a atacar”.
Montoya indicó que “hay dos caminos: uno el posiblemente penal y el otro es demarcar la responsabilidad de todos los funcionarios que actuaron”, y agregó que “siendo facultad de la Fiscalía de Estado defender el patrimonio del Estado, es tendiente a recuperar el importe en el que fue perjudicado”.
El fiscal de Estado se refirió además a los recientes antecedentes en la venta de tierras. Dijo que “hemos pedido un fallo de la cámara de Comodoro Rivadavia por el intento de una financiera de rematar tierras fiscales, y estamos analizando un título que fue vendido por un municipio y que, por tener bosque nativo, es potestad de la Provincia. En el traslado al ejido municipal hay una expresa reserva que no se traslada el bosque nativo”.
Finalmente remarcó que “irán apareciendo paulatinamente las denuncias con el trabajo de la Comisión y cada expediente que llegue lo analizaremos uno a uno”.
Lorenzo pide la recusación del Procurador General, Jorge Miquelarena
Una semana después de la presentación ante la Justicia solicitando la declaración de inconstitucionalidad a los decretos firmados por el entonces gobernador, Mario Das Neves, Carlos Lorenzo precandidato radical a la gobernación solicitó la recusación del procurador general, Jorge Miquelarena, quien por aquellos años fuera fiscal de estado.
Lorenzo entiende que en su papel de fiscal de estado durante la firma de los decretos de venta de tierras fiscales por parte de Mario Das Neves, Miquelarena convalidó la legalidad por acción u omisión de esos decretos que Carlos Lorenzo solicitó que se declaren inconstitucionales.
En el caso que la Justicia decida no recusar a Miquelarena, Lorenzo solicita que el Procurador se excuse de dictaminar e intervenir en el pedido que realizara días pasados.
El pedido del precandidato radical a la gobernación señala puntualmente que “considerando que quien ejerce esa magistratura, Dr. Jorge Miquelarena, se desempeñó como Fiscal de Estado al tiempo del dictado de los decretos que aquí se impugnan y que ese desempeño importa, por acción u omisión, que existió convalidación de su parte respecto de la legalidad de los mismos, manifiesto que concurre en la emergencia el supuesto de excusación contemplado en el art. 17 inc. 7° del Código Procesal Civil y Comercial.En su consecuencia, dejo planteada su recusación con arreglo a lo que dispone el art. 42 de la ley V n° 94 DJP”.
Anticipándose a la posibilidad de que esto no ocurra, Lorenzo solicita “en función de lo establecido por el art. 33 del Código Procesal Civil y Comercial, solicito del Sr. Procurador General de cumplimiento a la obligación que le imponen los arts. 42 de la ley V n° 94 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial y se excuse de dictaminar e intervenir en este proceso”.