La ley propone entender el aborto como un problema de salud pública, por lo que busca garantizar las condiciones apropiadas de acceso a él.

La aprobación del proyecto a favor de la legalización del aborto -que ya cuenta con media sanción y será debatida el próximo 8 de agosto en el Senado- significaría un gran paso adelante en términos de ciudadanía. Y ello en varios sentidos.

En primer lugar porque, dada la gravedad del tema, propone entender el aborto como un problema de salud pública, razón por la cual busca garantizar las condiciones apropiadas de acceso a él. No sólo descriminaliza la interrupción voluntaria del embarazo; también la legaliza, recolocando al Estado en un rol central en materia de salud.

Asimismo, revela una gran preocupación por los efectos que el aborto clandestino tiene en términos de ampliación de las desigualdades sociales. Los riesgos de daño irreparable o de muerte que estos conllevan en una situación de clandestinidad se incrementan en los sectores más pobres, lo que inscribe de modo dramático las inequidades de clase sobre los cuerpos de las mujeres jóvenes, muchas de ellas casi niñas.

Lo mejor y lo peor

Es cierto que el debate a favor de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo nos ha enriquecido como sociedad eliminando tabúes, deconstruyendo prejuicios fuertemente arraigados y permitiendo examinar, a la luz de una rica argumentación en materia de derechos, ética y también de realidades, los dogmatismos y naturalizaciones que existen sobre el tema.

Pero, además de mostrar lo mejor de la sociedad argentina, en el camino al Senado el debate ha visibilizado también lo peor.

Aunque no quisiera detenerme mucho en ello, urge decir que los sectores ultraclericales y ultraconservadores de nuestro país deberán indagar sobre el alcance de su intolerancia, sobre esa suerte de imperialismo moral que han venido ejerciendo de modo sistemático en las últimas semanas, a través de la abierta presión sobre los y las legisladoras nacionales, además de las interpretaciones forzadas, lesivas e incluso desquiciadas -como comparar el derecho al aborto con el nazismo, con una dictadura, o hablar de modo falaz e irresponsable sobre los preservativos, entre otras cosas- para oponerse a este proyecto de ley.

Esos mismos sectores que hoy se oponen al derecho a interrumpir de forma voluntaria el embarazo son los que se opusieron a otras leyes socialmente muy relevantes: la ley de divorcio, la ley de la patria potestad compartida, la ley de educación sexual, la de acceso a los anticonceptivos, el matrimonio igualitario.

Todas leyes que constituyen una afirmación clara de la separación entre Iglesia y Estado, y que -al igual que esta ley- buscaban traducir en el ámbito legal e institucional los cambios en la subjetividad individual y colectiva abriendo vías de transformación y resolución de necesidades largamente postergadas.

Afuera y adentro

Quisiera hacer hincapié en lo mejor que ha mostrado el debate sobre el aborto, ilustrado por el gran protagonismo de las mujeres, tanto dentro como fuera del Parlamento.

Dentro del recinto, fueron numerosas las especialistas mujeres que desfilaron por las audiencias e hicieron oír su voz, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, para argumentar a favor de esta ley.

Desde reconocidas juristas, lúcidas filósofas, profesionales de la salud con amplia experiencia, valientes mujeres de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos, hasta escritoras e incluso exitosas actrices.

Todas ellas dieron cuenta de su compromiso cabal y sincero con la ampliación de derechos.

Entre tantas otras, y a riesgo de ser injusta en la selección, pudimos escuchar a una jurista de la talla de Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien afirmó que la legislación internacional sobre derechos humanos “no es un obstáculo a la despenalización del aborto que propone la ley”, y cuestionó punto por punto las interpretaciones sesgadas en torno del tema.

Voces potentes como la de la filósofa y docente Diana Maffía, quien sostuvo que “hablar del derecho a la vida soslayando el derecho de las mujeres es transformarnos en instrumentos, en objetos, expulsarnos de la condición de humanidad. Y es además un gesto de mala conciencia política cuando ni siquiera se nos ha asegurado a las mujeres condiciones apropiadas de igualdad para sostener esa vida”.

También escuchamos a la presidenta de las organizaciones no gubernamentales católicas por el derecho a decidir, la cordobesa María Teresa Bosio, quien cuestionó el mandato de maternidad forzada u obligatorio y citó, a 100 años de la Reforma Universitaria que nació en Córdoba, la célebre frase del manifiesto: “Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

Fuera del recinto, en las calles, el debate sobre el aborto visibilizó la revolución de las mujeres.

Esa gran ola que arrancó con el movimiento “Ni una menos” hace sólo tres años, que se manifestó de manera abierta y masiva con la presencia de tantas jóvenes, jovencísimas, el 8 de marzo pasado, y reapareció, fortalecida, convertida en una imparable marea verde, en junio pasado frente al Congreso Nacional, para exigir el aborto legal, seguro y gratuito, muestra que lo que tenemos enfrente ya no es sólo un movimiento social. Es algo más: es la sociedad en movimiento.

Claro que en esta gran movilización convergieron dos olas.

La primera, representada por aquellas mujeres y colectivos feministas que desde hace décadas vienen luchando por la ampliación de derechos, y que incluye una larga lista, parte de la cual fue citada por la diputada oficialista Silvia Lospennato en su conmovedora alocución en la Cámara de Diputados.

La segunda, ilustrada por la flamante vitalidad antipatriarcal de las jóvenes, jovencísimas de hoy, que, a la lucha contra los femicidios y la violencia de género, sumaron el pañuelo verde.

Una nueva fuerza social

La lucha por la legalización del aborto hizo que este movimiento se convirtiera en una nueva fuerza social, una revolución de alcances inesperados, donde las mujeres expresan una nueva solidaridad, un nuevo ethos que une la defensa de derechos con la afirmación de la empatía; el reclamo por la autonomía de los cuerpos con la capacidad de comprensión mutua; la reivindicación de la emoción, la atención y el cuidado con la conciencia de la interdependencia.

Estos son algunos de los valores del nuevo ethos feminista que hoy trae este movimiento de mujeres, convertido en sociedad en movimiento.

Nadie ignora que el conteo de votos es adverso para la ley y que el debate en el Senado será durísimo.

Pero, una vez que los escenarios se abren, las dinámicas sociales y políticas adquieren un carácter recursivo.

La ley del matrimonio igualitario y la ley nacional de glaciares, ambas de 2010, también ingresaron perdiendo al Senado, y al final, más allá del alineamiento de poderes (político, religioso, económico), fueran sancionadas.

Mientras tanto, la marea verde en las calles llegó para quedarse. Y es otra vez la sociedad en movimiento la que estará presente el 8 de agosto, atenta y multiplicada, exhortando a los y las legisladoras, para que con su voto afirmativo honren el reclamo de los cientos de miles de mujeres en las calles; honren la representatividad que los inviste; tomen en sus manos esta gran oportunidad de hacer historia.