El fiscal Oscar Oro, que llevaba unos 50 expedientes vinculados a la presunta organización terrorista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), confirmó que la absoluta mayoría de las causas judiciales que se usaron como prueba de la organización son muy dudosas y en algunos casos los acusados ya habían sido sobreseídos.

Cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a una semana de la desaparición de Santiago Maldonado, introdujo en en el expediente de Habeas Corpus un primer informe sobre la RAM. En diciembre de 2017 su cartera publicó junto con los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro un informe donde se adjudicaron a la RAM 96 causas judiciales (incluido un homicidio), un supuesto tráfico de armas y vínculos delictivos con organizaciones mapuches chilenas.

Pero 84 de esos expedientes carecían de autores identificados y sólo en 12 casos se sindicaba a personas concretas, algunas ya sobreseídas. Un fallo de la Justicia de Esquel determinó que no existían pruebas de la existencia de la RAM y denunció el fraguado de pruebas para inculpar a mapuches y militantes políticos.

En diálogo con Página 12, el fiscal Oro consideró que “puede ser” que el Gobierno nacional haya utilizado esos expedientes para construir la supuesta amenaza de la RAM. Y añadió: “En definitiva, nosotros no tendríamos que estar atendiendo estos asuntos, que nos lo impusieron. Los fiscales que actuaron en Esquel al principio pidieron la incompetencia ordinaria y la Corte Suprema de Justicia bajó línea diciendo que siga trabajando la justicia ordinaria. Puede ser que el Estado haya aprovechado esa circunstancia como para engordar la situación en contra de lo que ellos entendían que era la RAM. El tema es que aparecían situaciones que le daban a uno la sospecha de que se trataba de la misma gente pero acá nunca aparecía nadie como responsable. No me apareció ningún documento de ninguna autoridad de inteligencia que relacione nombre y apellido con esa organización”. “Todo fue mucho de propaganda y mucho de ideología”, resumió.