El jueves se hizo efectivo el sobreseimiento del dirigente mapuche en la causa judicial por presunta usurpación de tierras en el paraje Vuelta del Río, en 2015. La denuncia fue realizada por el Gobierno de Chubut mientras que la compañía Benetton se había constituido como querellante. Para Sonia Ivanoff, su abogada, la denuncia fue parte de un plan de persecución y una forma de crear un enemigo interno. Desde el año pasado, Jones Huala cumple prisión en Chile donde fue condenado a 6 años de prisión por el incendio de una vivienda en 2013 y recibió otros 3 de pena por portación ilegal de arma de fuego.

El juez penal de Esquel, Ricardo Rolón, dictó el sobreseimiento de Facundo Jones Huala en la causa de usurpación en el paraje Vuelta del Río, abierta a partir de la denuncia que había formulado el Gobierno provincial y donde la compañía propiedad del empresario italiano Luciano Benetton se había constituido como querellante.

En el contexto de los reclamos por esa causa judicial se enmarca la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, quien fue encontrado el 17 de octubre de 2017 en el río Chubut, a escasos metros de donde había sido visto huyendo en medio de la represión ejecutada el 1 de agosto de ese año por Gendarmería Nacional durante una protesta de la comunidad mapuche de Cushamen.

En diálogo con El Patagónico, Sonia Ivanoff, abogada del Jones Huala, explicó que en el día de la audiencia se pudo comprobar el papel que tuvo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa y cómo había reunido información prohibida.

También consideró que el sobreseimiento de Jones Huala permite dejar al descubierto la relación de los Poderes en Chubut. “A raíz de esto se podría hablar de la relación del Poder Judicial, con el poder económico y de prestigioso social de cierto grupo económico que ve las reivindicaciones de los pueblos originarios como un peligro. Entonces se reeditaron viejas prácticas, la aplicación del espionaje ilegal, la AFI, la incidencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial se hizo más visible.”, planteó.

“Si bien dicen que hay una independencia de poderes, no es tal, uno sabe que hay influencias y en los últimos cuatro años se llevó a cabo la construcción del enemigo interno, la criminalización, el abuso proporcionado de las fuerzas de seguridad, los acuerdos de seguridad entre Nación y Provincia, supuestos atentados que nunca tuvieron resolución ni autores materiales, se buscaban solo intelectuales en función de la ideología en derechos indígenas, torturas en comisarías, vejaciones e incumplimientos de los ante los organismos de los naciones unidas. En definitiva lo que pone un Estado argentino un incumplidor de los derechos humanos”, cuestionó.

En este sentido, Ivanoff consideró: “hay una larga trayectoria de sentencias que en nuestra provincia que la recuperaciones territoriales no son delitos. Nadie puede usurpar un territorio que tradicionalmente ocupó. Corresponde al Poder Ejecutivo esta vieja deuda histórica que tienen con los pueblos originarios. Partir de que la conquista del desierto era un plan que se necesitaba para garantizar la población sin reconocer que existió un despojo territorial de parte de ciertos grupos económicos, es negar la propia historia. Lastimosamente no hay una respuesta del Estado ajustada a derecho, ha negado categóricamente a una mesa de diálogo. Si bien se cierra una etapa porque nadie puede estar sometido a un proceso por más de tres años, indudablemente el balance y las secuelas son lamentables”, sentenció.