La Fiscalía recusó al juez por prejuzgamiento
La fiscal Fernanda Révori presentó un escrito postulando la recusación del juez Oscar Colabelli, subsidiariamente planteando la revocatoria de su decisión y, en tercer lugar en caso de ser rechazados los planteos previos, cumplió con la aclaratoria requerida por el juez en la audiencia preliminar, días antes de cumplirse el plazo establecido.
El magistrado deberá decidir si se excusa o no. Cualquiera sea su decisión, otros dos jueces analizarán el asunto.
El escrito la Fiscalía se divide en tres partes: recusación, plantea revocatoria y reformula. El escrito en sus inicios anuncia la intención de “…formular recusación contra el Juez Penal Dr. José Oscar Colabelli, por entender existen razonables sospechas que se ha formado opinión prematura sobre el proceso, incurriendo  en prejuzgamiento”. El Dr. Colabelli no es el juez de la carpeta, sino que fue designado para esta audiencia por la Oficina Judicial, en reemplazo del Dr. Martín O’ Connor que se encuentra de licencia por motivos personales. Révori observó que en los fundamentos de su resolución “el magistrado formuló apreciaciones sobre cuestiones no sólo no planteadas por las partes, sino que a criterio del MPF, anticipó o dejó entrever su opinión sobre aspectos del caso que sólo corresponde sean resueltas en la instancia de juicio”. La Fiscalía cuestiona que Colabelli adelantó su criterio y efectuó consideraciones en su resolución, que no fueron propuestas por la Fiscalía ni cuestionadas por las defensas dejando entrever puntos de análisis que, según el razonamiento de la fiscal, solo podrán valorarse por el tribunal de juicio una vez que se produzca toda la prueba. En su planteo principal la Fiscalía concluye que el Juez emitió juicio y efectuó valoraciones respecto de cuestiones propias del debate, dejando entrever la decisión final que tendrá la causa. “Esta razonable sospecha de parcialidad se incrementa a partir del precedente que el mismo magistrado ha citado, en el que dictó el sobreseimiento de todos los  imputados en la audiencia preliminar en un caso de  similares características, previo solicitarle al MPF, reformule su acusación por presuntas imprecisiones”. El caso citado fue resuelto por Colabelli en agosto de 2013. La investigación comprometía a varios imputados, entre ellos a dos funcionarios del IAC. Las tierras fiscales de aquel conflicto fueron afectadas por el último incendio que quemara miles de hectáreas en la zona de Río Tigre, en Cholila. El recurso extraordinario presentado por la Fiscalía aun no fue resuelto por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, aunque ya se llevó a cabo la audiencia en esa instancia.
Planteo de revocatoria
Si no fuese resuelta de modo favorable la recusación, Révori planteó subsidiariamente un pedido de revocatoria contra la resolución del 24 de abril. ¿En qué fundamenta su pedido? En que las imprecisiones que generan a los ojos del juez un estado de indefensión de los imputados, no fueron siquiera alegadas por las defensas técnicas. A criterio de la Fiscalía, la acusación cumple holgadamente las exigencias procesales. El planteo se asienta fundamentalmente en que el juez no puede resolver cuestiones no propuestas por las partes, ni tampoco efectuar razonamientos que hagan base en la prueba aún no rendida, ni resolver sobre cuestiones propias del juicio oral y que se encuentran fuera de su competencia. Reformulación
Por si no prosperase ninguno de los dos primeros planteos, Révori reformuló la descripción fáctica de los hechos de acuerdo a cada uno de los puntos requeridos por el juez en su resolución del 24 de abril. El escrito fue presentado el miércoles, el tercero de los cinco días hábiles habilitados a ese fin. El caso que se investiga
La actual investigación involucra a concejales y titulares del ejecutivo municipal de Corcovado. A criterio de la Fiscalía otorgaron autorizaciones de venta de tierras fiscales en infracción a la ley, eliminando el pacto de retroventa, fijando el precio de venta sin tener en cuenta la zonificación, lo que convierte la operación en un negocio inmobiliario que beneficia a los inversores no residentes en la localidad, en detrimento de los intereses de la comunidad de Corcovado. La teoría del Ministerio Público Fiscal es que para que estas operaciones pudieran realizarse debieron sancionarse y promulgarse las Ordenanza 742 y 751/11 en infracción a las normas vigentes en materia de tierra fiscal. Se trata de las tierras identificadas como circunscripción 1 sector 1 fracción 51 y 52 del ejido de Corcovado.