La Justicia Federal ordenó a Osecac Esquel cubrir cirugía
El Juzgado Federal de Esquel informó con un comunicado que el pasado viernes 22 de julio condenó a la obra social OSECAC a brindar íntegra cobertura para el tratamiento de una cirugía de reemplazo de cadera, con provisión de prótesis y posterior rehabilitación kinesiológica.
Segun versa el texto “Un señor denunció poseer artrosis de cadera izquierda, patología que le provoca severos y persistentes dolores en su cuerpo. Si bien en un primer momento fue tratado con medicación, luego, frente al agravamiento de los padecimientos, su médico le comunicó que el estado de su cadera era irreversible, imponiéndose como única solución la intervención quirúrgica. Pese a reiteradas solicitudes efectuadas por el paciente desde el mes de abril a la obra social, al momento de interponer el amparo judicial- tres meses más tarde-, no había obtenido respuesta. En la sede local de la Obra Social le comunicaron, en forma verbal, que la operación había sido aprobada, pero que registraban problemas para adquirir el implante solicitado en el mercado. En este contexto, se consideró que la postura asumida por la obra social resultó ilegal no sólo en cuanto a la omisión del deber de proveer a uno de sus afiliados en forma integral el tratamiento prescripto en los términos del programa médico obligatorio, sino también en relación al deber de brindar información “en forma cierta, clara y detallada respecto a todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee”. En relación a la prótesis necesaria para llevar adelante la intervención, se señaló que la obra social se encuentra legalmente obligada a proveer un implante con las especificaciones técnicas indicadas por el traumatólogo tratante, sin distinción de marcas comerciales; y que en caso de inexistencia en el mercado de una prótesis de origen nacional, deberá cumplir con la provisión de una similar importada. Por último, en el fallo se estableció, para el supuesto en que OSECAC no cumpla con la prestación del servicio en el plazo de 10 días, una importante multa diaria económica con el objeto de persuadir a la obra social de cesar en el incumplimiento del servicio debido”.