La pesquisa sobre Otranto
En el marco de las denuncias contra el juez federal por mal desempeño, en el Consejo de la Magistratura requirieron acceso al expediente donde Otranto ordenó pinchar los teléfonos de Sergio Maldonado y testigos del caso.
Un consejero de la Magistratura pidió las primeras medidas para avanzar en una investigación contra Guido Otranto, el juez federal de Esquel que tuvo a cargo los primeros meses la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, y que mandó a intervenir los teléfonos de Sergio Maldonado, hermano de la víctima, y de testigos, mientras que no tomó ninguna medida similar respecto de los agentes de Gendarmería, los únicos sospechosos. Aquellas escuchas fueron consideradas ilegales y nulas por el juez que lo sucedió en la causa tras su apartamiento, y motivaron el pedido de juicio político contra Otranto por mal desempeño presentado por la legisladora porteña Myriam Bregman (FIT) y el diputado Horacio Pietragalla (FpV). Jorge Candis, el académico que integra el Consejo y que fue sorteado para instruir este caso, le requirió a la Comisión de Acusación y Disciplina que avance con la pesquisa: puntualmente, solicitó acceder al expediente de habeas corpus donde se pincharon los teléfonos y a otro en el cual el mismo juez denunciado intentó usar esas comunicaciones, que además fueron publicadas por algunos medios. La denuncia de Bregman y Pietragalla está acumulada con otra anterior, que también suscribió Victoria Donda (Libres del Sur) por distintos aspectos de su desempeño, desde el desalojo de la Comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, hasta manejos en el trámite del habeas corpus por la búsqueda de Santiago Maldonado, donde se lo acusa de haber autorizado a funcionarios del Ministerio de Seguridad –como Gonzalo Cané, que este año dejó esa cartera y volvió a su cargo de secretario en la Corte Suprema– a presenciar declaraciones testimoniales pese a la oposición de las partes.  Además fue en la misma época en que se desarrolló el espionaje denunciado por la familia Maldonado, que además de las escuchas incluía seguimientos. Las medidas que pide Candis deben ser aprobadas por la Comisión de Acusación, que suele poner obstáculos cuando quiere proteger a jueces, como pareció suceder en un comienzo con Enrique Lavié Pico, el juez del fuero contencioso administrativo en el que confía el Gobierno. Candis pidió copia certificada del expediente de habeas corpus, ya que allí fue donde Otranto ordenó escuchar a Sergio Maldonado, Ariel Garzi (amigo de Santiago), Claudina Pilquiman (de la comunidad mapuche, madre de Lucas, conocido como “testigo E”) y a una integrante de la red de apoyo a comunidades originarias de la zona. A la Cámara de Comodoro Rivadavia le requirió saber qué resolvió hasta ahora respecto de la apelación de la fiscal Silvina Avila, que fue quien había solicitado las escuchas, que el juez Gustavo Lleral ordenó anular y destruir. Ese tribunal no tomó por el momento ninguna decisión de fondo, pero advirtió que la difusión de las escuchas es un delito. El consejero quiere ver también otra causa, que está en manos de Otranto, en la que éste le reclamaba a Lleral las escuchas del habeas corpus, y donde se investiga el supuesto falso testimonio de testigos. Es una causa posterior donde se el juez intenta aplicar el contenido de aquellas escuchas que, además, llamativamente, aparecieron publicadas en el diario La Nación, a pesar de que el juez Lleral no se las había enviado a su colega, precisamente porque analizaba su ilegalidad. El clima para avanzar ahora con investigaciones en el Consejo es reñido. Algunos integrantes terminan sus mandatos a fin de año, incluido Candis, y el oficialismo –que tiene mayoría– sólo está dispuesto a atacar a personajes muy puntuales, como el juez federal Ariel Lijo. Pero Otranto ha sido funcional a Cambiemos y la manipulación oficial de la información del caso de Maldonado, en la que el Gobierno intenta acusar a los mapuches y desligar a la Gendarmería, a pesar de la claridad de los hechos que muestran que el joven artesano desapareció en medio de una persecución feroz de esa fuerza. La reunión de comisión del 29 de junio será crucial para definir el futuro de este expediente.