Otranto será investigado por la Magistratura a raíz de su desempeño en el caso Maldonado
Dos legisladores denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Esquel, Guido Otranto, por mal desempeño en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado. La acusación se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo del organismo.
Jorge Candis se encargará de conducir la investigación. El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), Horacio Pietragalla, y la legisladora porteña por el Partido de los Trabajadores Socialista (PTS), Myriam Bregman, pidieron que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, sea investigado por el Consejo de la Magistratura, el cuerpo que nombra y remueve jueces. Es para que se formule la acusación correspondiente ante un jury por su desempeño en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1 de agosto luego de un operativo de represión que realizó Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen y que fue hallado sin vida el 17 de octubre, en el río Chubut, a escasos metros de donde se realizó el operativo. Los legisladores consideraron que el magistrado, que fue reemplazado en la causa por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, tuvo un mal desempeño y actuó de forma “parcial y arbitraria” al ordenar la intervención de las líneas telefónicas del hermano de Santiago, Sergio Maldonado y de otros tres testigos. Según el diario La Nación, la denuncia ya fue derivada a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y Jorge Candis se encargará de conducir la investigación. Hay que recordar que Otranto fue el primer magistrado que tuvo la causa Maldonado y en el comienzo de la búsqueda del joven artesano ordenó, por pedido de la fiscal Silvina Avila, realizar escuchas a los teléfonos de Sergio Maldonado (querellante en la causa), de Ariel Garzi (amigo del joven) y de la referente mapuche Claudina Pilquiman. También fue intervenido el teléfono de Marcela Anarda Stocovaz, una de las personas que estaba en contacto con la comunidad mapuche. La orden de “pinchar” las comunicaciones fue despachada entre los días 5 y 22 de septiembre del año pasado. Curiosamente en el último día que tuvo a cargo la causa, Otranto ordenó que las escuchas fueran realizadas por la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial por un expreso pedido de Avila. Otro dato llamativo es que Rafaela Ricono, la secretaria de la fiscal federal de Esquel, es nada menos que la esposa de Otranto. En ese momento, el juez justificó que las interceptaciones eran necesarias ante la sospecha de que los testigos habían ocultado datos en sus declaraciones, que habían registrado múltiples contradicciones. En el caso de Sergio Maldonado dijo que lo interceptó porque suponía que se comunicaría con los testigos mapuches que no querían presentarse para dar su versión en la Justicia. Las líneas permanecieron intervenidas hasta el 30 de septiembre, cuando el juez Gustavo Lleral comenzó a intervenir en el expediente. Ese magistrado ordenó dejar sin efecto las pinchaduras y, en los últimos días, ordenó su destrucción. Además, Lleral sostuvo que se estaba en violación del derecho a la intimidad y, en el caso de Sergio Maldonado, que se habían vulnerado los derechos de las víctimas. MAS ACUSACIONES Asimismo, la diputada nacional por Libres del Sur, Victoria Donda, pidió que se investigue a Otranto por un allanamiento ordenado en la Estancia Leleque, de la Compañía de Tierras Sud Argentina SA del Grupo Benneton, que estaba siendo ocupado por manifestantes mapuches. En esta denuncia fue sorteado para integrarla desde el Consejo de la Magistratura el integrante de la Alianza Cambiemos y exgobernador de Chaco, Angel Rozas. Esta denuncia se suma a la realizada en noviembre de 2016 cuando el entonces gobernador Mario Das Neves lo acusó al magistrado por “mal desempeño, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. Fue tras la decisión de Otranto de liberar al lonco mapuche Facundo Jones Huala. Mientras, en septiembre de 2017, cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido, el abogado Denis Pitté Fletcher acusó a Otranto de “ser funcional al kirchnerismo” en la investigación del caso Maldonado. Para Pitté Fletcher “existió con plena evidencia una operación diseñada para inculpar al Gobierno nacional por este presunto secuestro y desaparición, y con ello indirectamente ayudar a los eventuales verdaderos autores del eventual -aunque hasta ahora no probado- secuestro y -sí probada- desaparición”.